Editorial del Nº 25 del 7 de noviembre al 7 de diciembre de 2007
Editorial:
Salvar la Constituyente a costa de los derechos indígenas
Inaugurada con ponchos y wiphalas, la Constituyente termina de espaldas a los indígenas
Para evitar el fracaso de la Constituyente, el gobierno ha organizado una Suprapartidaria integrada por el MAS, los principales partidos tradicionales de derecha (con la excepción de PODEMOS) y grupos de pequeña representación.
Los convenios a que ha llegado esa Suprapartidaria son impresionantes, en sentido de que el observador común se pregunta a qué tanto antagonismo previo, si se iba a terminar en tratos que están en el límite de la claudicación.
Queda, por supuesto, saber si son convenios sinceros o simplemente un cuarto intermedio para recuperar fuerzas que permita a cada parte continuar la guerra de desgaste en la que están empeñados.
En todo caso la víctima propiciatoria de esa componenda — y de sus consecuencias — son los pueblos indígenas y sus derechos. Resulta lacerante ver cómo una Constituyente inaugurada con ponchos y wiphalas, termina en compromisos a espaldas de los movimientos indígenas y de las organizaciones sociales.
La Suprapartidaria reconoce a las autonomías departamentales facultad legislativa exclusiva para normar. ¡Se va más allá de lo que, mediante el referéndum sobre autonomías departamentales del 2006, se había expresamente consultado al pueblo! Se reconoce también a la autonomía municipal facultad legislativa exclusiva para emitir normas municipales y ordenanzas.
A las autonomías indígenas se las reduce enteramente a la competencia municipal, negándoles de hecho cualquier veleidad autonómica, pues su territorialidad está sometida al poder municipal. Si la territorialidad indígena rebasa límites municipales o departamentales, se prevé la figura de la mancomunidad. De esta manera, siendo la mancomunidad categoría espacial y no territorial, existirá «autonomía» indígena sólo en el marco municipal y de ninguna manera como territorialidad propia.
Por el acuerdo Suprapartidario, la ficción de «autonomía indígena» se revela como figura carente de recursos y competencias propias. Los pueblos indígenas no podrán tener políticas propias y libres para lograr su desarrollo económico, social y cultural. Mucho menos tendrán iniciativa para controlar sus recursos naturales.
De esta manera, el gobierno del MAS, con el auxilio notorio del MNR y de UN, ha dado su opinión clara y definitiva sobre la autodeterminación indígena. Las posiciones del partido gobernante sobre la reciente Declaración de Derechos Indígenas de la ONU y el convenio 169 de la OIT, muestran ser pura cáscara. ¿Será el meollo un afán centralista en la más pura tradición de los gobiernos q’aras que hasta ahora son el poder en este territorio?
Urge que las organizaciones indígenas, los intelectuales progresistas, las organizaciones sociales y el pueblo en general reflexionen sobre este asunto.
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