Editorial del Nº 26 del 7 de diciembre al 7 de enero de 2007
Editorial:
La Nueva Constitución Política del Estado
Para el oficialismo es más importante el simbolismo de los plazos que el contenido de lo que aprueba
En un ambiente de enfrentamiento y amparados en el resguardo de un recinto militar, a fines del mes de noviembre se aprobó en grande la nueva Constitución Política del Estado.
Un casi final humilde y plagado de compromisos, para lo que la propaganda oficialista presentaba en sus inicios como la «refundación» de Bolivia.
Si no existen componendas de último momento, que enfríen aun más esta tibia Constitución, será este borrador refrendado próximamente en detalle por los constituyentes oficialistas, para quienes — aparentemente — el simbolismo de finalizar los trabajos en el plazo simbólico del 14 de diciembre, es más importante que el contenido de lo que aprueban.
Analizando la nueva CPE, es anecdótico que en esta obra del Movimiento al Socialismo (abiertamente inscrito éste en el movimiento mundial revolucionario), no figure en ningún lugar la palabra «socialismo». Y es que este texto es fruto de constantes achicamientos ante la oposición, simbolizado en la letra del Artículo 1 de esta CPE: «Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural...»
El resultado es, en consecuencia, una amalgama de conceptos, hecha con la esperanza que fuerzas disímiles y antagónicas puedan, de alguna manera, ver reflejado en ese simple agregado de palabras sus intereses específicos y, así, dar al gobierno la «paz social» y el tiempo necesarios para que inicie la aplicación de sus intenciones de gobierno. Este cálculo, empero, vuelve más difusa las intenciones del ejecutivo y confunde aún más sus posibilidades.
Respecto a la población indígena, el texto de ese documento, al constitucionalizar la identificación de la nación colonizada como «...indígena originario campesino», reduce su dimensión política y pospone la solución del problema colonial, pues niega la calidad de indígenas a los habitantes urbanos y suburbanos del país.
Para esa población así definida, se concede una «autodeterminación» que reproduce el abuso de lenguaje cometida antes respecto a la «nacionalización» del gas y petróleo. En efecto, esa «autodeterminación» no es tal, pues no implica una vocación estatal, sino más bien una sumisión al poder ajeno. Parece un recurso para alejar a nuestro pueblo del dominio real y efectivo del aparato de Estado. Así, por ejemplo, esos territorios «autónomos» y «autodeterminados» no tienen control real de sus recursos naturales no renovables.
De esta manera, no existen cuestionamientos radicales que impliquen un camino hacia una transformación social y nacional, reduciéndose sus aportes a tímidos agregados, como por ejemplo el reconocimiento de la economía comunitaria, junto a la estatal y privada, que de por sí y aislada de un proceso transformador, no quiere decir mucho.
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